LAS FUERZAS ARMADAS Y DE ORDEN COMO BISAGRA CONSTITUCIONAL.

LA BISAGRA DEL ESTADO Y LA DISTANCIA ENTRE EL DISCURSO Y LA CAPACIDAD REAL.

Seguridad, defensa y continuidad democrática bajo la ética del deber ser.

"....esa bisagra estructural del Estado debe mantenerse permanentemente bien lubricada con los elementos que históricamente han garantizado la estabilidad institucional: conocimiento profundo, formación profesional rigurosa, doctrina sólida, profesionalismo operativo y una disciplina institucional inquebrantable..."

Señor Director: 

Más allá de las lecturas políticas que puedan hacerse de cualquier gira internacional o señal estratégica emitida en el exterior por un liderazgo electo, existe una dimensión menos visible, pero estructural para la estabilidad democrática: la capacidad real del Estado para transformar definiciones políticas en capacidades operativas concretas.

Los discursos y las giras internacionales cumplen una función relevante en la señalización estratégica de un país. Definen prioridades, fijan marcos conceptuales y proyectan visiones políticas hacia el sistema internacional. Sin embargo, entre la señal política y la ejecución real existe siempre una instancia intermedia: la capacidad institucional del Estado para convertir esas definiciones en acción concreta.

En ese contexto, también resulta coherente observar que el énfasis en seguridad forma parte explícita del programa político que fue presentado a la ciudadanía durante el proceso electoral. En sistemas democráticos, la proyección internacional de un liderazgo electo suele reflejar las prioridades que fueron parte de su oferta política y que resultaron respaldadas en las urnas. Desconocer esa coherencia entre mandato electoral y proyección internacional implica desconocer el funcionamiento básico de los sistemas democráticos contemporáneos.

También resulta necesario distinguir entre la actividad política internacional de un liderazgo electo y la ejecución formal de la política exterior del Estado. En esta etapa, estas instancias forman parte del proceso político previo a la asunción del cargo y no corresponden necesariamente al uso de recursos propios del aparato estatal ni al ejercicio formal de la política exterior institucional.

En el análisis de política internacional también es necesario evitar lecturas ingenuas. Los liderazgos políticos, especialmente en etapas previas al ejercicio formal del poder, consolidan relaciones en espacios donde existe convergencia estratégica real. Pretender que esa etapa se construya priorizando relaciones con actores políticamente antagónicos no responde al funcionamiento práctico de las relaciones internacionales contemporáneas.

Desde una lógica estratégica, resulta difícilmente justificable que un liderazgo electo incorpore en su matriz de decisión las prioridades estratégicas de actores políticos que no forman parte del mandato democrático que le fue conferido. Más aún cuando ese mandato ha sido respaldado de manera clara en el proceso electoral, otorgando al liderazgo electo legitimidad política suficiente para proyectar internacionalmente las prioridades sobre las cuales construyó su propuesta de gobierno.

Sin embargo, el desafío real comienza después: cuando esas definiciones deben transformarse en capacidades concretas del Estado. Y es precisamente ahí donde el debate deja de ser político y pasa a ser institucional.

En ese sentido, el énfasis que distintos liderazgos políticos han puesto en temas como seguridad, control del crimen organizado, migraciones irregulares y estabilidad institucional no es solo una declaración política. Es, en términos prácticos, una definición de prioridades de Estado que necesariamente debe traducirse en capacidades operativas concretas. Cuando esos conceptos se trasladan desde el plano discursivo al plano de la gestión real del Estado, inevitablemente involucran a las instituciones encargadas de ejecutar esas funciones bajo el marco constitucional vigente.

Es precisamente en ese punto donde las instituciones permanentes del Estado adquieren un rol estructural. En las democracias modernas, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad operan, cada una dentro de su ámbito constitucional, como una verdadera “bisagra estructural del Estado”, permitiendo que la dinámica política evolucione sin que el Estado pierda su continuidad operativa, su capacidad de protección ni su estabilidad institucional. No definen el rumbo político ni participan de la deliberación política, pero permiten que las decisiones del poder civil se transformen en capacidad operativa real, asegurando que los cambios de gobierno no afecten la capacidad del Estado de proteger a su población, su territorio y su institucionalidad democrática.

Esa bisagra estructural del Estado debe mantenerse permanentemente bien lubricada con los elementos que históricamente han garantizado la estabilidad institucional: conocimiento profundo, formación profesional rigurosa, doctrina sólida, profesionalismo operativo y una disciplina institucional inquebrantable.

La disciplina, en este contexto, no es solo un atributo operativo. Es un principio estructural que permite sostener la coherencia entre conducción política, planificación estratégica, ejecución operativa y acción en terreno, evitando que las tensiones propias del entorno político contaminen la función institucional del Estado.

La estabilidad de esa bisagra depende, además, de la capacidad profesional de transitar con precisión entre los niveles político, estratégico, operacional y táctico, comprendiendo que cada uno posee su propio ámbito de acción, responsabilidad y límites. La conducción estratégica del Estado exige la capacidad de moverse entre esos niveles sin erosionar la institucionalidad ni trasladar tensiones propias de un nivel hacia otro. En términos simples, exige la capacidad de operar entre esos niveles “sin ensuciar la alfombra” institucional que sostiene la continuidad del Estado.

Ese “aceite” institucional no es meramente técnico ni operativo. Es el resultado de procesos largos de formación, estudio estratégico, experiencia institucional y desarrollo intelectual que permiten comprender la relación permanente entre política, estrategia y capacidad operativa del Estado. Es ahí donde adquiere valor la formación estratégica superior, aquella que permite a los niveles de conducción moverse con solvencia en el nivel político-estratégico sin comprometer la neutralidad institucional ni la continuidad del Estado.

Cuando esos pilares comienzan a diluirse, ya sea por pérdida de exigencia profesional, debilitamiento doctrinario o confusión entre la misión institucional y los debates contingentes del entorno político, la calidad de ese “aceite” institucional comienza a deteriorarse.

Hoy resulta necesario reconocer una realidad compleja. Durante años, estas instituciones han debido enfrentar escenarios de alta exigencia operativa, expansión de responsabilidades y presión social permanente, muchas veces sin un respaldo político, estratégico ni presupuestario consistente en el tiempo. Este desgaste no es solo material. Es humano, institucional y doctrinario.

Las instituciones encargadas de la defensa y del orden no pueden transformarse en espacios de empleo circunstancial ni perder su carácter vocacional. Su fortaleza histórica ha estado en la formación ética, el profesionalismo técnico, la disciplina, la preparación rigurosa y el estricto cumplimiento de sus reglamentos. Cuando estos pilares se debilitan, no solo se afecta la institución. Se debilita la capacidad del Estado de proteger a su población.

A ello se suma un desafío estructural: la sostenibilidad de sus capacidades. Ninguna institución puede mantener estándares operativos altos si los recursos, el equipamiento, el entrenamiento y la planificación de largo plazo no acompañan las misiones asignadas. Cuando las exigencias aumentan pero las capacidades no se desarrollan en la misma proporción, el resultado es sobrecarga institucional y deterioro progresivo de la preparación estratégica del Estado.

Las Fuerzas Armadas no son una solución universal frente a los problemas estructurales del país. Tienen límites operativos, doctrinarios y constitucionales claros. Su rol es fundamental, pero debe ejercerse dentro de un marco de planificación estratégica seria, conducción política responsable y respaldo institucional sostenido.

La seguridad del Estado no se sostiene en discursos ni en declaraciones. Se sostiene en capacidades reales, en instituciones profesionales y en un compromiso político transversal con la continuidad del Estado y la estabilidad democrática.

Ese es el deber ser institucional de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad: actuar con profesionalismo, neutralidad política, disciplina y apego irrestricto al orden constitucional, cualquiera sea la orientación política del gobierno legítimamente electo, garantizando así la continuidad del Estado por sobre las dinámicas propias del ciclo político.

Cuando la bisagra estructural del Estado funciona con profesionalismo, legitimidad y respaldo político, la democracia opera con normalidad. Cuando se debilita, el riesgo no es solo operativo. Es estructural para el funcionamiento del Estado.

Christian Slater E.

Magíster en Ciencias Militares.

NOTA:

Extracto de esta Carta fue publicado en la Editorial de Defensa del diario electrónico "The Times en Español".

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https://thetimes.cl/contenido/9951/seguridad-y-defensa-pilares-de-la-democracia-sostenible