AUTO MISIÓN CUMPLIDA.

Chile 2026–2030: orden, unidad y ejecución.

Chile llegará a marzo de 2026 arrastrando una combinación compleja de proyectos inconclusos, decisiones postergadas y una fractura política y social que nunca fue abordada de manera honesta y estructural. Durante décadas se anunciaron trenes que no se construyeron, corredores bioceánicos que quedaron atrapados en estudios, reformas que se diluyeron antes de comenzar y símbolos del Estado que fueron abandonados por temor al conflicto. El caso del tren Santiago–Valparaíso terminó convirtiéndose en una metáfora de ese fracaso: una línea histórica desmantelada, millones de pesos gastados en diagnósticos y ninguna ejecución real. No se trata solo de un tren, sino de la incapacidad del Estado para transformar visión en acción.

La infraestructura estratégica siguió la misma lógica. Mientras países vecinos avanzaron con decisión en puertos, corredores logísticos y conectividad continental, Chile discutió. Arica e Iquique continuaron operando bajo su inercia histórica, sin una definición clara que las proyectara como plataformas bioceánicas modernas. El norte, que podría haber sido una bisagra natural entre Sudamérica y el Pacífico, quedó atrapado entre planes parciales, deficiente conectividad y ausencia de voluntad política. Paradójicamente, el país sí fue capaz de pensar a largo plazo en astronomía, entendiendo que los cielos del desierto constituyen un activo estratégico irreemplazable. Esa misma lógica de largo plazo no se aplicó a la conectividad, al orden público ni a la cohesión social.

En el plano institucional, la política fue perdiendo autoridad. Los partidos se fragmentaron hasta convertirse en maquinarias electorales sin identidad ni responsabilidad real. El empleo público creció de manera desordenada, muchas veces por amiguismo, parentesco o cuoteo. El sistema judicial se fue alejando progresivamente de la percepción ciudadana de justicia efectiva, especialmente en materias de seguridad, orden público y persecución penal. Las Fuerzas Armadas y de Orden quedaron expuestas, sin reglas claras de uso de la fuerza ni respaldo jurídico suficiente. El sistema de inteligencia del Estado permaneció disperso, reactivo e ineficaz. Y, como telón de fondo, la división política originada hace décadas siguió siendo explotada, particularmente en torno al 11 de septiembre, sin un intento serio de cerrar ese ciclo y asumir responsabilidades.

Ese es el punto de partida real del gobierno que asumirá el 11 de marzo de 2026, encabezado por José Antonio Kast.

El marco estratégico del período.

Antes de entrar en el detalle de los primeros pasos del gobierno, es necesario fijar un criterio rector. En definitiva, el grueso de lo propuesto en el programa de gobierno debiera quedar consolidado, tramitado o formalmente planteado durante el arranque del mandato, idealmente dentro de los primeros cien días y, a más tardar, durante el primer año de gobierno. No porque todo pueda ejecutarse en ese plazo, sino porque la experiencia demuestra que las decisiones estructurales que no se toman temprano rara vez sobreviven al ciclo político posterior.

Este enfoque responde a una realidad conocida: la ventana efectiva de gobernabilidad se concentra entre marzo de 2026 y fines de 2027. Superado ese período, el calendario electoral, la fragmentación parlamentaria y la presión territorial reducen de manera significativa el margen para reformas profundas. Por lo mismo, las definiciones centrales del programa —seguridad, fronteras, justicia, reglas de uso de la fuerza, inteligencia del Estado, reforma política, racionalización del empleo público y orden institucional— debieran quedar jurídicamente encaminadas y políticamente resueltas en esa etapa inicial, aun cuando su implementación se extienda en el tiempo.

El inicio del mandato y los primeros cien días.

El inicio del mandato no debiera estar marcado por inauguraciones ni por anuncios épicos, sino por una tarea más exigente y menos vistosa: ordenar el Estado antes de gobernar. El propio 11 de marzo debiera reflejar ese espíritu. No como una celebración partidista ni como un acto refundacional, sino como una ceremonia sobria, institucional y republicana, donde el mensaje central no sea la victoria política, sino la responsabilidad de conducir el país con seriedad.

En esa etapa inicial, una de las primeras señales debiera ser el impulso a una nueva Ley de Partidos Políticos, orientada a terminar con la proliferación de colectividades sin democracia interna, sin identidad programática y sin responsabilidad frente a la ciudadanía. Sin partidos serios, la democracia se degrada, y ese problema ya no admite más postergaciones.

Al mismo tiempo, el gobierno debiera enfrentar sin ambigüedades una crisis profunda del sistema judicial, que dejó de ser una suma de casos aislados. La seguidilla de jueces procesados, investigados o removidos en distintos niveles del Poder Judicial ha evidenciado un deterioro institucional grave, dañando la confianza pública e instalando la sospecha de prácticas impropias, redes de protección y ausencia de control efectivo. Frente a este escenario, no bastarían ajustes administrativos ni declaraciones formales de respeto a la independencia judicial. En el arranque del mandato debiera impulsarse una reforma estructural del sistema de justicia, orientada a fortalecer los mecanismos de control, responsabilidad y transparencia, revisar los sistemas de nombramiento, evaluación y remoción, y dejar claro que la independencia judicial no puede confundirse con impunidad corporativa.

En materia de seguridad, el comienzo del gobierno debiera cerrar la ambigüedad jurídica que ha paralizado al Estado. La aprobación de Reglas de Uso de la Fuerza claras, modernas y respaldadas por ley constituye una condición habilitante para recuperar el orden democrático y proteger a quienes tienen el deber de resguardarlo. En paralelo, debiera iniciarse el diseño serio de un Servicio de Inteligencia Nacional moderno, con controles democráticos claros, pero con capacidad real de anticipación frente al crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y las amenazas híbridas.

La frontera norte debiera ser abordada desde el primer día como un asunto de soberanía, no de retórica. Control efectivo del territorio, apoyo de las Fuerzas Armadas en el resguardo fronterizo, expulsión de quienes ingresen irregularmente y una señal clara de que Chile vuelve a ejercer autoridad sobre sus fronteras. Esto no responde a improvisación, sino a definiciones explícitas contenidas en el programa de gobierno.

En paralelo, esa etapa inicial debiera incluir una auditoría profunda del empleo público, con foco en cargos creados por pituteo, duplicidades administrativas y gasto ineficiente. No se trata de persecución ideológica, sino de recuperar el principio de mérito, responsabilidad y necesidad en el Estado.

Dentro de este esfuerzo de ordenamiento institucional, el gobierno debiera revisar también los mecanismos de formación cívica, preparación para emergencias y vinculación temprana de los jóvenes con el Estado, incluyendo —cuando corresponda— ajustes al sistema de Servicio Militar. No como eje identitario ni como símbolo ideológico, sino como una herramienta funcional más dentro de una política integral de cohesión, seguridad y servicio al país.

Ese mismo período inicial debiera fijar dos definiciones simbólicas relevantes. La primera se relaciona con el conjunto monumental del sector Plaza Baquedano, cuya configuración ya está definida: la restitución de la estatua del General Manuel Baquedano en el mismo sector, aunque no en su emplazamiento exacto original, integrada a un conjunto que incorpora una escultura de Gabriela Mistral. Esta decisión no debiera leerse como una iniciativa personal ni como una señal ideológica, sino como una definición cívica del Estado, orientada a normalizar el espacio público y restituir la continuidad histórica y cultural de la ciudad. Lo que permanece abierto es el momento político de su inauguración y quién encabezará ese acto, cuestión que constituye una señal institucional relevante para el ciclo que se abre en marzo de 2026.

La segunda definición simbólica dice relación con el 11 de septiembre de 2026, que debiera ser anunciado desde temprano como un acto de unidad nacional, no de confrontación ni de uso político del pasado, reconociendo que fue la división política la que arrastró a Chile a una fractura cuyos efectos aún persisten.

De la decisión temprana a la ejecución sostenida.

Superada la etapa inicial, el período que se abre entre marzo de 2026 y octubre de 2028 constituye una ventana política excepcional, casi tres años sin elecciones. Ese margen debiera ser aprovechado para resolver tempranamente las definiciones estructurales del Estado. En ese marco, las Reglas de Uso de la Fuerza, el sistema de inteligencia nacional y los mecanismos de control y responsabilidad del sistema judicial debieran quedar establecidos y operativos durante 2026, permitiendo que los años siguientes se concentren en su aplicación, ajuste y evaluación, y no en debates interminables.

En 2027 se concreta la inauguración del Teleférico Bicentenario, un hito urbano real, y se produce el cambio de gobierno en Argentina, con impacto directo en la integración física, el comercio y los pasos fronterizos. El año 2028 resulta estructural: se esperan avances decisivos en nuevas líneas de Metro y, sobre todo, la inauguración del Puente Chacao en el segundo semestre, una de las pocas grandes obras heredadas que efectivamente se materializan dentro del mandato.

El año 2029, marcado por las elecciones parlamentarias, no debiera ser un período de reformas estructurales, sino de administración responsable de decisiones ya adoptadas y de consolidación política e institucional de lo realizado.

El período concluye el 11 de marzo de 2030. No como un cierre épico, sino como un balance: qué se ordenó, qué se ejecutó y qué procesos quedaron andando de manera irreversible, más allá del gobierno de turno.

Este documento no es un programa electoral ni una lista de promesas. Es la descripción de un ciclo de reconstrucción institucional, donde el éxito no se mide por consignas ni por titulares, sino por la capacidad de transformar un diagnóstico largamente conocido en decisiones tempranas, sostenidas en el tiempo, con orden, responsabilidad y sentido de unidad nacional.

Es también el fin de un ciclo de este blog y el comienzo de otro. 

Este texto cierra una etapa iniciada en 2018, no porque se agoten los temas ni porque el país haya resuelto sus problemas, sino porque se completa un ciclo de advertencia, diagnóstico y proyección que este espacio asumió de manera deliberada durante siete años.

Lo aquí expuesto —con fechas, ventanas políticas concretas y definiciones estratégicas posibles— no constituye un programa electoral ni una promesa de cumplimiento. Es, simplemente, un último aporte ordenado, elaborado desde la convicción de que el próximo gobierno enfrentará una oportunidad excepcional que no puede desperdiciarse. Si estas ideas resultan útiles para alguien, en cualquier nivel, ese habrá sido su sentido.

La auto-misión que dio origen a este blog fue siempre acotada: decir lo que parecía evidente, aunque incómodo; ordenar lo disperso; proyectar escenarios cuando otros preferían administrar la contingencia. Esa tarea se considera cumplida en el momento en que el país entra en un nuevo ciclo político, con definiciones explícitas y con un mandato ciudadano claro para enfrentar materias largamente postergadas.

Nada de lo escrito aquí se borra ni se reniega. Todo queda disponible, íntegro, como testimonio de una etapa y de un tiempo histórico determinado. El cierre no es silencio, sino cambio de foco.

A partir del 1 de enero se abre otro momento, con otro tono y otras preguntas. Este texto marca el punto final de una fase y deja planteado, hasta donde fue posible, qué debiera aprovecharse, cuándo y por qué, antes de que el calendario político vuelva a cerrarse.

Período 2018–2025.

Auto-misión cumplida.